Con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional derogó un decreto de 1973 que repartía en partes iguales para Mendoza y La Pampa el 12% de las regalías que produce el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles, ubicado en territorio mendocino sobre el río interprovincial Atuel. Los pampeanos obtuvieron una cautelar en el juzgado federal de Santa Rosa y el litigio reabrió la pelea que está en la Corte Suprema sobre los fondos y sobre el fallo que establece la cantidad de agua de ese río que Mendoza está obligada a dejar pasar a La Pampa y no cumple.

entrevistó a Sergio Ziliotto, gobernador peronista de La Pampa, enfrentado con Alfredo Cornejo, mandatario provincial radical de Mendoza que también habló con este diario y marcó su postura sobre el conflicto.

El pampeano recuerda el convenio firmado en 1992 por ambos gobernadores y la Casa Rosada, aprobado en ambas legislaturas y homologado por la Corte Suprema, donde está fijado el 50% de las regalías para La Pampa. Ziliotto apunta a un fallo de la Corte que Mendoza incumple desde 2020 y critica a los libertarios pampeanos por no defender la causa del Atuel.

-Mendoza reconoce que el río es interjurisdiccional pero remarca que la pendiente y la infraestructura son mendocinas. ¿Qué dice usted al respecto?

-Mendoza insiste en que la infraestructura y la pendiente son de esa provincia

-El río Atuel es nuestro, las aguas son nuestras más allá de la teoría del salto, que plantea Mendoza desde hace mucho tiempo y que está zanjada. Pero hoy todavía se aborda en muchas discusiones: "Como el río nace en Mendoza, entonces es de Mendoza". No, eso que ya quedó zanjado en el '87, fue ratificado en otras dos sentencias más de la Corte de 2017 y 2020, donde habla de la interprovincialidad del río y la obligación de Mendoza de entregar a La Pampa los 3,2 metros cúbicos por segundo para empezar a restituir el ambiente. Empezar porque es una meta interina, o sea, mínima. El corte de agua de 1947 generó un gran perjuicio al medio ambiente.

-La cláusula quinta del acuerdo del '92, dice: "Sin perjuicio de lo que en el futuro pudiesen establecer normas jurídicas"...

-Significa que pese a lo que pase en el futuro esto va a seguir vigente. Dice que previendo que en algún momento pueda haber alguien, en este caso la privatización que está encarando Nación con Mendoza -a la cual nosotros no nos oponemos-, lo que decimos es que en esa privatización tiene que estar inserto el derecho de la provincia de La Pampa a seguir percibiendo regalías. No nos metemos en la decisión de privatizar o no. Por eso habla de que el Estado Nacional y Mendoza o quien sea el responsable de la generación de energía, deben cumplir con las obligaciones que surgen en virtud de los derechos a la provincia de La Pampa. Es una cuestión que claramente ya queda saldada, no se deja librada a las interpretaciones posteriores a lo largo de los años.

-¿Por qué cree que Milei firma el decreto que le quita las regalías en este momento?

-No sé los acuerdos que puedan tener el Gobierno de Mendoza con el Gobierno nacional. Es un decreto innecesario, absurdo. La vida misma dice que un acuerdo entre tres partes no puede ser derogado por la decisión de uno solo. Nación está derogando un decreto que a su vez fue avalado por tres partes, homologado por la Corte Suprema y aprobado por las dos legislaturas, tanto de La Pampa como de la provincia de Mendoza. Casi que estamos discutiendo la curvatura del círculo. Es una cuestión que tiene mucho más que ver con el tema de la propiedad, la soberanía hídrica que nosotros siempre reclamamos, que con la incidencia económica que puede tener. O sea, el monto es ínfimo en el marco de lo que sería el negocio de la generación de energía, en este caso en manos privadas.